PHOENIX — El Departamento de Justicia de Estados Unidos no dijo el jueves si la agencia federal buscará obtener un acuerdo de consentimiento para implementar reformas luego de determinar que el Departamento de Policía de Phoenix estuvo involucrado en condutas problemáticas.
Durante la rueda de prensa del jueves, funcionarios federales revelaron haber colectado evidencia que muestra que el departamento de policía de la ciudad presuntamente violo derechos constitucionales de minorías y personas en situación de calle.
Hace tres años, el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) empezó una investigación al Departamento de Policía de Phoenix por uso de fuerza, presuntas represarías en contra de protestantes y maltrato de la población en situación de calle además de otros problemas en su desempeño.
La larga investigación concluyó que la agencia de policía tuvo “disfunción duradera” y operó con falta de responsabilidad, dijeron funcionarios.
El DOJ aseguró que trabajaría con la ciudad para implementar cambios, pero no indicó si usarán el decreto de consentimiento para forzar a Phoenix a que haga cambios.
Funcionarios de la ciudad anteriormente habían rechazado la posibilidad de operar bajo los requisitos de un decreto de consentimiento.
¿Qué es un decreto de consentimiento?
Un decreto de consentimiento es un acuerdo entre dos partes que actúa como un plan de mejora del desempeño legalmente vinculante.
"Cuando el gobierno demanda a una persona o empresa y el acusado acepta poner fin a su conducta ilegal, el gobierno puede acordar no continuar con el caso y el tribunal aprueba y emite un decreto de consentimiento", según la ley de Cornell.
El gobierno federal ha utilizado frecuentemente decretos de consentimiento durante las últimas tres décadas para reformar los departamentos de policía de todo el país. Los decretos establecen ciertas acciones que deben tomar los departamentos para evitar ser demandados por el gobierno federal.
Bajo la administración Clinton, Pittsburgh se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en firmar un decreto de consentimiento en en el año de1997. Ese acuerdo duró hasta el 2002 y exigió cambios en la policía de Pittsburgh en cuanto a detenciones de tránsito, registros y métodos de capacitación.
Los resultados de un decreto de consentimiento pueden variar ampliamente.
Las reformas implementadas a principios de la década de los 2000 por Cincinnati tuvieron éxito y a menudo se consideran un modelo para el proceso de decreto por consentimiento. Otras ciudades han fracasado con los decretos de consentimiento o han experimentado un progreso mucho más lento. El Departamento de Policía de Oakland, por ejemplo, ha estado bajo supervisión federal desde el 2003. Nueva Orleans ha estado bajo un decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia desde el 2013.
En el caso de Phoenix, el decreto de consentimiento comprometería a la ciudad a realizar cambios específicos en la forma en que la policía hace su trabajo.
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