PHOENIX — El Departamento de Policía de Phoenix incurrió en un patrón de conducta que violaba los derechos constitucionales de las minorías y la población sin hogar, anunció el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
"Hay motivos razonables para creer que el departamento de policía y la ciudad incurrieron en un patrón y una práctica de conducta que viola la primera, cuarta y decimocuarta enmienda de la constitución", mencionó la fiscal general adjunta Kristen Clarke en una llamada vía Zoom.
Descubrieron que la policía estaba aumentando injustificadamente el nivel de fuerza en una situación mediante el uso inadecuado de pistolas Taser (pistolas eléctricas, balas de goma, restricciones para las piernas, perros policía y fuerza letal. Los agentes también retrasaron "rutinariamente" la asistencia médica para las personas que se encontraban heridas.
Los funcionarios acusaron al departamento de capacitar a los oficiales en el sentido de implementar una política de "úsala o piérdela" que quitaba las armas de fuego a los oficiales que no las usaban "lo suficiente".
La investigación también encontró que los conductores de raza negra tenían un 144% más de probabilidades de ser citados o arrestados por infracciones de tránsito de bajo nivel y un 90% más de probabilidades de ser citados o arrestados por exceso de velocidad en zonas escolares.
Los conductores hispanos tenían un 40% más de probabilidades de ser citados o arrestados por infracciones de tránsito de bajo nivel, y un 51% más de probabilidades de ser citados o arrestados por exceso de velocidad en zonas escolares.
Hace casi tres años, el Departamento de Justicia anunció lo que se llama una investigación de “patrón o práctica” sobre la policía de Phoenix, que analiza cinco áreas de conducta:
- Uso de la fuerza
- Posibles políticas o prácticas discriminatorias
- Posibles violaciones de los derechos de la Primera Enmienda
- Posibles violaciones de los derechos de las personas con discapacidades o problemas de salud conductual
- Posibles violaciones de los derechos de las personas sin hogar
Para darle crédito a la policía de Phoenix, el Departamento de Justicia señaló que el departamento ha tomado medidas preliminares para revisar y reformar el departamento.
Los funcionarios elogiaron al jefe Michael Sullivan por reelaborar las políticas internas y la capacitación, así como por aumentar la accesibilidad a los recursos para las personas sin hogar.
La ciudad de Phoenix anteriormente se negó a celebrar un decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia sobre formas de remediar cualquier problema destacado por la investigación.
Los concejales de la ciudad han dicho que querrían ver los resultados de la investigación antes de la necesaria votación sobre un decreto.
El Departamento de Policía de Phoenix emitió un comunicado vía X (antes Twitter).
¿Qué es un decreto de consentimiento?
Un decreto de consentimiento es un acuerdo entre dos partes que actúa como un plan de mejora del desempeño legalmente vinculante.
"Cuando el gobierno demanda a una persona o empresa y el acusado acepta poner fin a su conducta ilegal, el gobierno puede acordar no continuar con el caso y el tribunal aprueba y emite un decreto de consentimiento", según la ley de Cornell.
El gobierno federal ha utilizado frecuentemente decretos de consentimiento durante las últimas tres décadas para reformar los departamentos de policía de todo el país.
Los decretos establecen ciertas acciones que deben tomar los departamentos para evitar ser demandados por el gobierno federal. Los decretos especifican ciertas acciones que los departamentos tomarán para evitar demandas por parte del gobierno federal.
Bajo la administración Clinton, Pittsburgh se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en firmar un decreto de consentimiento en en el año de1997.
Ese acuerdo duró hasta el 2002 y exigió cambios en la policía de Pittsburgh en cuanto a detenciones de tránsito, registros y métodos de capacitación.
Los resultados de un decreto de consentimiento pueden variar ampliamente.
Las reformas implementadas a principios de la década de 2000 por Cincinnati tuvieron éxito y a menudo se consideran un modelo para el proceso de decreto por consentimiento.
Otras ciudades han fracasado con los decretos de consentimiento o han experimentado un progreso mucho más lento.
El Departamento de Policía de Oakland, por ejemplo, ha estado bajo supervisión federal desde el 2003.
Nueva Orleans ha estado bajo un decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia desde el 2013.
En el caso de Phoenix, el decreto de consentimiento comprometería a la ciudad a realizar cambios específicos en la forma en que la policía hace su trabajo.
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