TUCSON, Ariz. — Se presentó una demanda por fraude al consumidor contra dos talleres de reparación de automóviles en Tucson luego de una investigación encubierta, según un comunicado de prensa compartido el miércoles por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich.
Según funcionarios estatales, los agentes de la oficina del fiscal general llevaron vehículos para repararlos a las ubicaciones Midas en Tucson en 6740 E. Tanque Verde Rd. y 333 W. Valencia Rd. en junio y octubre del 2020.
En la ubicación de Tanque Verde Road, el estado afirma que el asistente del gerente le dijo al agente encubierto que el vehículo necesitaba que se reemplazara una banda del motor y que su sistema de aire acondicionado necesitaba una limpieza y recarga de refrigerante.
Sin embargo, el estado dijo que los empleados no reemplazaron la banda ni "evaluaron el nivel de refrigerante, ni realizaron la evacuación y recarga".
Al agente en la ubicación de Valencia Road supuestamente le dijeron que una línea de combustible estaba rota y que las bujías estaban "todas quemadas".
A pesar de que la evaluación supuestamente era incorrecta, el gerente supuestamente cobró al agente el reemplazo de las bujías, un kit de servicio del sistema de combustible de tres partes y un servicio del cuerpo del acelerador que incluye un aditivo de combustible.
El estado alega que el combustible del vehículo no tenía presencia del aditivo de combustible cuando se probó y una grabación encubierta confirmó que no se realizó el servicio del coche en movimiento.
El agente también informó que el gerente dijo que "el vehículo condujo muy bien en una prueba de manejo cuando no se completó ninguna prueba de manejo".
Según el comunicado de prensa, las dos ubicaciones de Midas involucradas son propiedad de Christopher Conforti y Nicholas Conforti.
“Estas dos tiendas no solo recomendaron y cobraron a los consumidores por reparaciones innecesarias, sino que ni siquiera realizaron el trabajo”, dijo el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich. “Nuestro programa encubierto de está enviando un fuerte mensaje de que este tipo de fraude despreciable no será tolerado en nuestras comunidades”.
Los funcionarios dicen que la demanda podría resultar en que las dos ubicaciones proporcionen una restitución al consumidor de hasta $10,000 en "sanciones civiles por cada violación de la Ley de Fraude al Consumidor de Arizona, medidas cautelares y honorarios y costos de abogados".
La queja completa se puede leer en su totalidad a continuación.
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