WASHINGTON — Como hombre de negocios y presidente, Donald Trump enfrentó una letanía de demandas e investigaciones penales, pero emergió del escrutinio legal una y otra vez con su reputación pública y política intactas en gran medida.
Sin embargo, tal vez nunca ha enfrentado una pesquisa tan peligrosa como la de Mar-a-Lago, que está enfocada en el posible mal manejo de documentos ultrasecretos. La sensación de vulnerabilidad se ha incrementado en las últimas semanas, no sólo porque el Departamento de Justicia nombró a un fiscal especial con una reputación de enérgico, sino también por la remoción de un perito independiente en el caso que había sido solicitado por Trump y por el rechazo inequívoco por parte de los jueces de los argumentos de sus abogados.
Es imposible predecir cuánto más durará la investigación ni si el Departamento de Justicia dará el paso sin precedentes de encausar a un expresidente y candidato actual. Pero Trump ya no está protegido de ser enjuiciado en la forma en que lo estaba cuando era mandatario, y algunos expertos jurídicos consideran que la investigación de Mar-a-Lago se centra en cuestiones jurídicas más directas y basadas en hechos que las investigaciones anteriores que ha enfrentado.
“A diferencia de muchas de esas investigaciones anteriores que involucraron estos fraudes financieros complejos en las que, para empezar, los fiscales tienen que explicarle a un jurado por qué la conducta es un delito, aquí los fiscales no tendrán esa dificultad, no tendrán el reto de explicar cuál es el crimen” si a la larga se presentan cargos, dijo Robert Mintz, exfiscal del Departamento de Justicia.
Un obstáculo de la investigación para el Departamento de Justicia fue eliminado la semana pasada cuando un panel de una corte de apelaciones —el cual incluía a dos jueces designados por Trump— puso fin al trabajo de un perito especial a quien habían pedido una revisión independiente de los miles de documentos incautados por el FBI en su allanamiento de Mar-a-Lago. La decisión le permite a los fiscales usar todo el conjunto de documentos para su pesquisa.
En una dura opinión que se remontó muy atrás en la historia, el tribunal reconoció que una búsqueda en la propiedad de un expresidente es extraordinaria, pero no tan extraordinaria como para darle a él un trato especial.
“No es frecuente que uno vea casos citados en decisiones de un tribunal de apelaciones que se decidieron en 1794, en el siglo XIX”, dijo David Weinstein, abogado de defensa penal de Florida y exfiscal federal. “Estos son los fundamentos de la ley que han existido durante mucho tiempo y en los que ellos confiaron”.
Por supuesto, las investigaciones no son nada nuevo para Trump, y las especulaciones sobre el riesgo jurídico que corre ya han resultado erróneas antes.
El año pasado, fiscales estatales de Nueva York acusaron a la empresa de Trump, la Organización Trump, y a su añejo director financiero, pero no al expresidente. En septiembre, la fiscal general de Nueva York acusó a Trump de inflar su patrimonio neto en miles de millones de dólares y engañar a los bancos, pero esas acusaciones se hicieron en una demanda, no en un caso penal.
Como presidente, fue investigado por un fiscal especial anterior, el exdirector del FBI Robert Mueller, en torno a si su exitosa campaña de 2016 se había coludido ilegalmente con Rusia y si él había tratado de obstruir esa investigación. A la larga Mueller no halló pruebas suficientes para afirmar que hubo una conspiración criminal entre la campaña y Moscú, y también citó una antigua política del Departamento de Justicia que prohíbe la acusación formal de un presidente en funciones.
Los puntos que obstruyeron esa investigación involucraron un análisis de derecho constitucional y el alcance del poder presidencial. Pero los fiscales en la investigación de Mar-a-Lago han desestimado en gran medida la relevancia del estatus de Trump como expresidente, afirmando durante un pleito judicial en torno al perito independiente que los registros secretos a los que tenía acceso como comandante en jefe de las fuerzas armadas siguen sin pertenecerle.
Y el panel de apelaciones, en su opinión de la semana pasada, rechazó la idea de que Trump tenía derecho a que le devolvieran los registros incautados de su hogar o que un perito independiente los revisara, algo que dijo crearía una “excepción especial”.
La investigación de los registros había estado preparándose durante meses antes de quedar a la vista del público con un allanamiento de Mar-a-Lago por parte del FBI el 8 de agosto, en el que los agentes retiraron aproximadamente 100 documentos con clasificación de secretos. Para ese momento, funcionarios del Departamento de Justicia dicen que habían desarrollado una causa probable para creer que se habían cometido delitos relacionados con la retención de información de defensa nacional, así como obstrucción.
Desde entonces, la investigación ha dado señales de estar acelerándose: el Departamento de Justicia presentó pruebas ante un jurado investigador y el mes pasado otorgó inmunidad a un aliado de Trump para asegurar su testimonio.
La pesquisa está siendo dirigida por Jack Smith, quien anteriormente dirigió la sección de integridad pública del Departamento de Justicia y más recientemente ha fungido como fiscal de crímenes de guerra en La Haya. Smith también está supervisando aspectos clave de una investigación separada del Departamento de Justicia relacionada con los intentos de Trump y sus aliados de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, investiga por separado los intentos de anular los resultados de ese estado también.
El nombramiento de Smith por parte del procurador general Merrick Garland ocurrió tres días después de que Trump declarara su candidatura a la Casa Blanca. El anuncio no detendrá la investigación, aunque podría acelerar su ritmo para evitar interrumpir la carrera por la presidencia de 2024 en su punto más álgido.
Su candidatura podría, teóricamente, infundirle mayor importancia a la investigación, dijo Franklin Monsour Jr., exfiscal federal, pues ya no será sólo sobre un expresidente.
“Ahora es acerca de alguien que intenta ser presidente nuevamente e intenta poseer material de seguridad nacional de nuevo”, señaló.
Sin embargo, los expertos jurídicos prevén que el Departamento de Justicia sopese más que sólo la fortaleza de la evidencia al decidir si procede con el caso. Habrá preguntas sobre cuánta evidencia secreta puede presentar a un jurado, y la viabilidad de elegir a un jurado imparcial dado el reconocimiento omnipresente del nombre de Trump y las reacciones apasionadas que produce en ambos bandos.
El enjuiciamiento de un expresidente también genera el riesgo de que sea visto como algo político, polarizando aún más a un país ya dividido, así como de darle a la corte un ambiente similar al de un circo.
“Básicamente, se trata de sopesar el principio de que ningún individuo está por encima de la ley frente a las consecuencias políticas prácticas que engendrará presentar este tipo de cargos contra un expresidente, particularmente uno que una vez más está postulándose a la presidencia", dijo Mintz.
“Es una decisión extraordinariamente difícil”, agregó.