HOUSTON — Un juez federal dictaminó el viernes que la versión actual de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños puede continuar, al menos temporalmente.
El juez de distrito de EE. UU. Andrew Hanen, quien el año pasado declaró ilegal el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), dijo que la política, que está programada para continuar bajo las nuevas regulaciones a fin de mes, puede continuar con las limitaciones que él estableció anteriormente. Esas limitaciones dicen que no puede haber nuevos solicitantes de DACA y que los que ya están en el programa pueden seguir estando en él y renovar su solicitud.
Hanen ordenó a los abogados del caso que proporcionen más información y dijo que espera argumentos legales adicionales relacionados con la nueva regla, pero que no se fijó un cronograma para audiencias futuras. Tampoco está claro cuándo dará Hanen su decisión final sobre el caso, que se espera que termine en la Corte Suprema de Estados Unidos.
La versión actual de DACA, que la administración de Biden creó para mejorar sus posibilidades de sobrevivir al escrutinio legal, entrará en vigencia el 31 de octubre.
El caso volvió a Hanen después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. en Nueva Orleans dijera la semana pasada que debería revisar el programa de DACA nuevamente luego de las revisiones adoptadas por la administración Biden.
Antes de la audiencia del viernes por la mañana, un grupo de unos 30 activistas comunitarios se reunieron en apoyo de DACA en un parque al lado de la corte federal. Sostenían carteles que decían: “Juez Hanen, haga lo correcto, proteja DACA” y “Los inmigrantes son bienvenidos”. Cantaron mientras muchos de ellos marchaban hacia el juzgado para asistir a la audiencia.
El año pasado, Hanen declaró ilegal a DACA después de que Texas y otros ocho estados de tendencia republicana presentaran una demanda alegando que se ven perjudicados financieramente, incurriendo en cientos de millones de dólares en atención médica, educación y otros costos, cuando se permite que los inmigrantes permanezcan ilegalmente en el país. También argumentaron que la Casa Blanca se excedió en su autoridad al otorgar beneficios migratorios que el Congreso debe decidir.
“Solo el Congreso tiene la capacidad de redactar las leyes de inmigración de nuestra nación”, dijo el jueves el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.
Hanen descubrió que DACA no había sido objeto de notificación pública y períodos de comentarios requeridos por la Ley federal de procedimientos administrativos. Pero dejó intacto el programa de la era de Obama para aquellos que ya se benefician de él, en espera de la apelación. Había 611,270 personas inscritas en DACA a fines de marzo.
Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones con sede en Nueva Orleans confirmó la conclusión inicial de Hanen, pero devolvió el caso a Hanen para que pudiera revisar el impacto de la nueva regulación de DACA del gobierno federal.
Las 453 páginas de la nueva regla son en gran parte técnicas y representan pocos cambios sustanciales con respecto al memorando de 2012 que creó DACA, pero estuvo sujeta a comentarios públicos como parte de un proceso formal de elaboración de reglas.
Pero incluso si Hanen emitiera un fallo positivo sobre la nueva regulación de DACA, el juez aún podría decidir que el programa es ilegal porque no fue creado por el Congreso, dijo Perales.
“Es por eso que tantos en este momento están pidiendo al Congreso que actúe”, dijo.
Después del fallo de la corte de apelaciones de la semana pasada, el presidente Joe Biden y los grupos de defensa renovaron sus llamados para que el Congreso apruebe protecciones permanentes para los "Dreamers", que es como comúnmente se llama a las personas protegidas por DACA. El Congreso ha fallado varias veces en aprobar propuestas llamadas DREAM Act para proteger a los beneficiarios de DACA.
Independientemente de lo que decida Hanen, se espera que DACA vaya a la Corte Suprema por tercera vez. En 2016, la Corte Suprema llegó a un punto muerto 4-4 sobre un DACA ampliado y una versión del programa para padres de beneficiarios de DACA. En 2020, el tribunal superior dictaminó 5-4 que la administración Trump puso fin de manera indebida a DACA, lo que permitió que se mantuviera.
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