PHOENIX — Si un boleto de oro cayera en sus manos, lo tomaría, ¿verdad?. Una oportunidad para el éxito y la prosperidad. Una oportunidad de darle una vida mejor.
En Arizona, la legalización de la mariguana recreativa trajo tal oportunidad para aquellos que califican. Pero puede que no sea tan sencillo como se imagina.
El sábado se cumple un año desde que la mariguana recreativa salió a la venta en Arizona.
Parte de la propuesta del 2020 que legalizó la mariguana recreativa incluía 26 "Licencias de equidad social". Estas licencias estaban destinadas a ayudar a las personas y comunidades perjudicadas por la guerra contra las drogas.
Cada licencia en Arizona es valiosa. El estado pone un límite a la cantidad de licencias que se pueden usar para abrir dispensarios. Los expertos de la industria dijeron que solo una licencia vale al menos $8 millones de dólares.
"Definitivamente es un boleto dorado", dijo Celeste Rodríguez, una defensora social de Acre 41.
Rodríguez quiere que estos boletos dorados se usen para enriquecer a una comunidad, no solo a una persona.
"Haría una gran diferencia", dijo Rodríguez. "Traerá empleo al vecindario".
Sin embargo, a Rodríguez le preocupa que eso no suceda debido a cómo está configurado el sistema. La Proposición 207 no estableció cómo se distribuirían las licencias. El Departamento de Servicios de Salud de Arizona estableció las reglas el año pasado.
Para presentar una solicitud, el 51 por ciento de la solicitud tenía que estar controlada por alguien que cumpliera con los requisitos para obtener una licencia de equidad social. También necesitaban $4,000.
Puede leer las reglas de calificación completas en el sitio web del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.
Muchas de las solicitudes se realizaron en asociación con dispensarios o inversionistas existentes. El estado está listo para hacer un sorteo aleatorio de las 26 licencias de equidad social en algún momento de la primavera del 2022.
A Rodríguez le preocupa que muchas de las solicitudes sean una fachada que se tomará después para que se otorguen las licencias. Si bien el ADHS no permite acuerdos preestablecidos, no existe una regla que impida que el ganador de una de estas licencias se la venda a alguien después del sorteo.
“Las reglas están establecidas. Las personas tienen la libertad de elegir con quién quieren trabajar. Muchos de ellos han optado por trabajar con dispensarios e inversionistas”, comentó Demitri Downing, cofundador de la asociación comercial de cannabis de Arizona.
Según Acre 41, las corporaciones y los inversionistas constituyen la gran mayoría de los que respaldan a los solicitantes de equidad social, y los solicitantes aparentemente no afiliados representan aproximadamente el 30 por ciento de las entradas.
Downing dijo que los ganadores no deberían tener restricciones sobre lo que hacen con sus licencias. Todos los solicitantes calificados recibieron esa calificación porque la guerra contra las drogas los lastimó de alguna manera.
En general, Downing quiere que el sistema en su conjunto funcione como un mercado libre.
“El objetivo de tener una empresa o negocio es hacerlo crecer y venderlo”, dijo Downing. “Entonces, ¿por qué restringirías a alguien para que no haga eso?”, comentó.
“Si no iba a aprovechar esta oportunidad de tomar 26 licencias de equidad social e invertir, revitalizando las áreas afectadas de manera desproporcionada, ¿por qué siquiera presentar una solicitud?”, aseveró Rodríguez.
A Rodríguez le preocupa que las comunidades se queden atrás si estas licencias se venden a inversionistas u otros dispensarios.
No hay ningún requisito para que estas ubicaciones estén en un área de necesidad.
Un dispensario llamado Mint Cannabis, respondió a las preguntas de 12 News sobre cómo están operando.
Dijeron que están ayudando a los solicitantes en el proceso. Cuando se les preguntó si planeaban comprar las licencias si se le otorgaba una a un solicitante, dijeron: "Estamos abiertos a lo que traiga el futuro".
La compañía dijo que actualmente operan ubicaciones en los códigos postales en los que los solicitantes tenían que vivir y dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: "En general, hay muchas que deben hacerse, y esperamos ayudar a las personas a mejorar su situación. "
Acre 41 es parte de una demanda que intenta cambiar las reglas de estas licencias.
Quieren exigir que las licencias siempre sean propiedad de quienes califiquen para ellas y deben exigir que operen en las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas.
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