WASHINGTON — La última conversación que Sandra Torres tuvo con su hija de 10 años fue sobre su nerviosismo por saber si entraría al equipo para el Juego de Estrellas de softbol. Horas después, Eliahna Torres fue una de los 19 niños y dos profesoras masacrados en su escuela en Uvalde, Texas.
Sin poder darle descanso al episodio y con escasas respuestas sobre los 77 minutos que las fuerzas del orden esperaron en el pasillo de la escuela primaria aquel 24 de mayo en lugar de enfrentarse al agresor, Sandra Torres presentó el lunes una demanda federal contra la policía, el distrito escolar y el fabricante del arma que utilizó el atacante.
“Mi bebé nunca salió de la escuela”, aseveró. “No hay rendición de cuentas ni transparencia. No se está haciendo nada”.
La demanda acusa a la ciudad, al distrito escolar y a varios departamentos de policía de “fracasar por completo” en seguir los protocolos para casos de tirador activo y de violar los derechos constitucionales de las víctimas al “atrincherarlas” dentro de dos aulas con el asesino durante más de una hora. La ciudad señaló que no comenta sobre procesos legales en marcha, mientras que el distrito escolar y la policía no respondieron de momento a los mensajes dejados en busca de comentarios.
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Torres cuenta con la ayuda de la rama jurídica del grupo Everytown for Gun Safety. Su demanda también está dirigida contra el fabricante del fusil semiautomático de tipo AR que Salvador Ramos utilizó para disparar más de 100 balas en la matanza.
La demanda forma parte de un nuevo y creciente frente jurídico en la batalla judicial a nivel nacional sobre las armas de fuego. Aunque según la ley federal los fabricantes de armas tienen inmunidad a las demandas por delitos cometidos con sus productos, las familias de las víctimas del tiroteo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut, concretaron un acuerdo por 73 millones de dólares después de demandar a Remington, el fabricante del arma que se utilizó en ese tiroteo hace una década.
El acuerdo se produjo después de que las víctimas argumentaran con éxito que demandar por la comercialización bajo la ley estatal era una excepción a la medida de inmunidad federal.
La nueva demanda de Uvalde alega que las tácticas de comercialización de Daniel Defense violaron la Ley de la Comisión Federal de Comercio al utilizar de forma negligente imágenes militaristas, colocación de productos en videojuegos de combate y redes sociales para dirigirse a “jóvenes vulnerables y violentos”, indicó Eric Tirschwell, director ejecutivo de Everytown Law.
“No fue un accidente que pasara de nunca haber disparado un arma a portar un AR-15 de Daniel Defense”, dijo Tirschwell, quien hizo referencia a los hallazgos de un reporte elaborado por una comisión investigadora de la Cámara de Representantes de Texas. “Pretendemos demostrar que la publicidad de Daniel Defense fue un factor significativo en las decisiones que tomó Ramos”.
La compañía, con sede en Black Creek, Georgia, no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios, pero en una audiencia en el Congreso hace unos meses, el director general de la empresa, Marty Daniels, calificó la masacre de Uvalde y otras similares como “maldad pura” y “sumamente perturbadoras”. Sin embargo, intentó poner distancia entre las armas y la violencia, asegurando que los tiroteos masivos en Estados Unidos son problemas locales que deben resolverse de manera local.
Everytown también es parte de una demanda similar después de un ataque contra los participantes de un desfile en Highland Park, Illinois, que se entabló basándose en una ley estatal. En caso de que los argumentos sustentados en una ley federal tengan éxito, ello podría dejar expuestos a los fabricantes de armas a costosas demandas civiles en momentos en que el país lidia con un incremento en los actos de violencia con armas de fuego y una brutal serie de tiroteos masivos.
“Hacer que los fabricantes de armas de fuego rindan cuentas sería un importante paso en caso de que su publicidad cruce una línea”, dijo Tirschwell.
Otros arguyen que Daniel Defense no hizo afirmaciones engañosas que desencadenen acciones regulatorias establecidas en la ley federal de comercio. Lawrence Keane, abogado general del grupo de la industria de las armas de fuego National Shooting Sports Foundation, condenó la masacre, pero argumentó que, por ejemplo, a los fabricantes de autos no se les responsabiliza cuando los conductores embisten con ellos a las multitudes con resultados letales. “Cuando alguien hace mal uso de un producto, simplemente no es culpa del fabricante”, afirmó.
El caso también acusa a la tienda de armas en donde Ramos adquirió el fusil que usó en la masacre, junto con otro AR-15 y municiones, las cuales tuvieron un costo de varios miles de dólares, aunque en el tiroteo utilizó una sola arma. Un cliente declaró posteriormente al FBI que “se veía como... alguien que dispararía en una escuela”, según el reporte de la Cámara de Representantes de Texas.
El reporte que se dio a conocer en julio reveló que casi 400 agentes del orden público se presentaron a la escuela, pero “una toma de decisiones notablemente mala” resultó en más de una hora de caos hasta que finalmente se confrontó y abatió al atacante. El documento criticó a los agentes estatales y federales, así como a las autoridades locales, por no seguir el entrenamiento para enfrentar a un tirador activo y por poner su propia seguridad por encima de la vida de las víctimas.
Otro padre cuyo hijo resultó herido en la escuelas y otros dos padres cuyos hijos se encontraban en las instalaciones en ese momento interpusieron la primera demanda relacionada con la masacre de Uvalde a finales de septiembre.
Para Sandra Torres, la querella es otra manera de buscar explicaciones a la fallida respuesta de la policía.
“No hicieron nada durante 77 minutos. Nada en lo absoluto”, subrayó. “Ella nunca sabrá lo que es casarse, graduarse, ir a su primer baile”.
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