WASHINGTON — La Corte Suprema puso fin a las protecciones constitucionales para el aborto que habían estado vigentes durante casi 50 años en una decisión de su mayoría conservadora de anular la sentencia histórica Roe v. Wade.
Se espera que el resultado del viernes conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados en los Estados Unidos.
La decisión, impensable hace solo unos años, fue la culminación de décadas de esfuerzos por parte de los opositores al aborto, que fue posible gracias a un lado derecho envalentonado de la corte que ha sido fortalecido por tres personas designadas por el expresidente Donald Trump.
El fallo se produjo más de un mes después de la sorprendente filtración de un proyecto del juez Samuel Alito que indicaba que el tribunal estaba preparado para dar este paso trascendental.
Pone a la corte en desacuerdo con la mayoría de los estadounidenses que estaban a favor de preservar la sentencia Roe, según las encuestas de opinión.
Alito, en la opinión final emitida el viernes, escribió que Roe y Planned Parenthood v. Casey, la decisión de 1992 que reafirmó el derecho al aborto, se equivocaron el día en que se decidieron y deben ser revocadas.
“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, escribió Alito.
La autoridad para regular el aborto recae en los poderes políticos, no en los tribunales, escribió Alito.
Junto a Alito estaban los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los últimos tres jueces fueron designados por Donald Trump.
Thomas votó por primera vez para anular a Roe hace 30 años.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, no habría llegado a poner fin al derecho al aborto, señalando que habría defendido la ley de Mississippi en el centro del caso, una prohibición del aborto después de 15 semanas y no habría dicho nada más.
Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, el ala liberal disminuida de la corte, discreparon.
“Con tristeza, por esta Corte, pero más, por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental, disentimos”, escribieron.
Se espera que el fallo afecte de manera desproporcionada a las mujeres pertenecientes a minorías que ya enfrentan un acceso limitado a la atención médica.
Trece estados, principalmente en el sur y el medio oeste, ya tienen leyes en los libros que prohíben el aborto en caso de que se revoque Roe.
Otra media docena de estados tienen prohibiciones o prohibiciones casi totales después de cumplir las 6 semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.
En aproximadamente media docena de otros estados, la lucha se centrará en prohibiciones de aborto inactivo que se promulgaron antes de que se decidiera Roe en 1973 o nuevas propuestas para limitar drásticamente cuándo se pueden realizar abortos, según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que apoya el aborto.
El estado de Oklahoma aprobó recientemente la prohibición del aborto más restrictiva del país, definiendo cualquier aborto como ilegal sin importar las circunstancias.
Las únicas excepciones de la ley son para salvar la vida de la madre o en caso de violación o incesto que se informe a la policía.
Incluso antes de la decisión de anular la sentencua Roe, los proveedores en el estado dijeron que dejarían de realizar abortos después de que el gobernador republicano del estado firmara la ley.
Otros estados como California han ido en la dirección opuesta, consagrando el derecho al aborto en la ley estatal.
Algunos estados liderados por demócratas en el oeste y el noreste también están proponiendo dinero público para una afluencia esperada de personas que viajan desde otros lugares para interrumpir embarazos.
Más del 90% de los abortos se realizan en las primeras 13 semanas de embarazo y más de la mitad ahora se realizan con pastillas y no con cirugía, según datos recopilados por Guttmacher.
La decisión se produjo en un contexto de encuestas de opinión pública que encuentran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a revocar Roe y entregar la cuestión de si permitir el aborto por completo a los estados.
La mayoría de las personas está a favor de que el aborto sea legal en todas o en la mayoría de las circunstancias, pero las encuestas indican que muchos también apoyan las restricciones, especialmente más adelante en el embarazo.
La administración del presidente Biden y otros defensores del derecho al aborto han advertido que una decisión que revoque a Roe también amenazaría otras decisiones de la corte superior a favor de los derechos de los homosexuales e incluso potencialmente, la anticoncepción.
Los jueces liberales expresaron el mismo punto en su disidencia conjunta: la mayoría “elimina un derecho constitucional de 50 años que salvaguarda la libertad y la igualdad de condiciones de las mujeres. Viola un principio básico del estado de derecho, diseñado para promover la constancia en la ley. Al hacer todo eso, pone en peligro otros derechos, desde la anticoncepción hasta la intimidad entre personas del mismo sexo y el matrimonio. Y finalmente, socava la legitimidad de la Corte”.
Pero Alito sostuvo que su análisis aborda únicamente el aborto. “Nada en esta opinión debe entenderse como poner en duda los precedentes que no se refieren al aborto”, escribió.
Independientemente de las intenciones de la persona que filtró el borrador de opinión de Alito, los conservadores se mantuvieron firmes en derrocar la sentencia Roe.
En su borrador, Alito desestimó los argumentos a favor de mantener las dos decisiones, incluido que varias generaciones de mujeres estadounidenses se han basado en parte en el derecho al aborto para obtener poder económico y político.
Cambiar la composición de la corte ha sido fundamental para la estrategia del lado antiaborto.
El estado de Mississippi y sus aliados hicieron argumentos cada vez más agresivos a medida que se desarrollaba el caso, y dos defensores del derecho al aborto en la corte superior se jubilaron o murieron.
Inicialmente, el estado argumentó que su ley podía ser mantenida sin invalidar los precedentes de aborto de la corte.
Entonces el ex gobernador Phil Bryant convirtió en ley la medida de 15 semanas en marzo del 2018, cuando los jueces Anthony Kennedy y Ruth Bader Ginsburg todavía eran miembros de una mayoría de cinco jueces que protegía principalmente el derecho al aborto.
A principios del verano, Kennedy se retiró y fue reemplazado por el juez Brett Kavanaugh unos meses después. La ley de Mississippi fue bloqueada en los tribunales federales inferiores.
Pero el estado siempre se dirigió al tribunal supremo de la nación.
Ni siquiera solicitó una audiencia ante un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, que finalmente declaró inválida la ley en diciembre del 2019.
A principios de septiembre del 2020, la Corte Suprema estaba lista para considerar la apelación del estado.
El tribunal programó el caso para su consideración en la conferencia privada de los jueces el 29 de septiembre.
Pero en las semanas intermedias, Ginsburg murió y Barrett fue rápidamente nominado y confirmado sin un solo voto demócrata.
El escenario ahora estaba listo, aunque la corte tardó otro medio año en aceptar escuchar el caso.
Cuando Mississippi presentó su principal argumento por escrito ante el tribunal en el verano, la idea central de su argumento había cambiado y ahora pedía la anulación total de la sentencia Roe y Casey.
La primera señal de que la corte podría estar dispuesta a eliminar el derecho constitucional al aborto se produjo a fines del verano, cuando los jueces se dividieron 5-4 para permitir que Texas hiciera cumplir la prohibición del procedimiento en aproximadamente seis semanas, antes de que algunas mujeres se dieran cuenta que estababan embarazadas.
Esa disputa se centró en la estructura única de la ley, incluida su aplicación por parte de ciudadanos privados en lugar de funcionarios estatales y cómo se puede impugnar en los tribunales.
En la sentencia de este viernes, la mayoría conservadora concluye "que la Constitución no confiere el derecho al aborto" y que "la facultad de regular el aborto debe ser devuelta al pueblo y a sus representantes electos".
Los gobernadores demócratas de varios estados, entre ellos Michigan, Nuevo Mexico y California ya han anunciado planes para proteger el derecho al aborto en sus respectivas Constituciones tras la derogación de Roe v Wade.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió el jueves con siete fiscales generales de estados demócratas para debatir los modos de defender el derecho al aborto.
En el histórico caso Roe v Wade de aquel 1973, la Corte Suprema dictaminó por 7 votos a 2 que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución de los Estados Unidos.
El fallo otorgó a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a abortar en los primeros tres meses del embarazo, aunque permitió establecer restricciones en el segundo trimestre y prohibiciones en el tercer trimestre.
Prensa Asociada contribuyó con este informe.
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