PHOENIX — El gobierno de Estados Unidos interpuso el miércoles una demanda en contra del gobernador de Arizona, Doug Ducey, y del estado debido a la colocación de contenedores de carga como barrera en la frontera con México, asegurando que están invadiendo tierras federales.
La querella presentada en una corte federal se entabló tres semanas antes de que el gobernador republicano deje su cargo y sea remplazado por la demócrata Katie Hobbs, quien ha expresado su oposición a la obra.
Ducey dijo a funcionarios federales hace unos días que Arizona está dispuesta a ayudar a retirar los contenedores, los cuales —aseguró— se colocaron como una barrera temporal. Pero quiere que el gobierno federal dé a conocer cuándo es que cubrirán los huecos que aún hay en el muro fronterizo permanente, tal como lo había anunciado hace un año.
Estados Unidos “le debe a los residentes de Arizona y a todos los estadounidenses dar a conocer una fecha”, escribió el martes en una misiva, en respuesta a la noticia de la inminente demanda federal.
La seguridad fronteriza fue parte central de la presidencia de Donald Trump y sigue siendo uno de los temas prioritarios para los políticos republicanos.
La demanda presentada por el Departamento de Justicia solicita al tribunal que le ordene a Arizona que deje de colocar y retire los contenedores ubicados en San Rafael Valley, una región remota ubicada en el extremo oriental del condado Cochise. La obra para colocar hasta 3.000 contenedores a un costo de cerca de 95 millones de dólares se encuentra avanzada en una tercera parte, pero los opositores preocupados por su impacto en el medio ambiente han entorpecido las labores en los últimos días.
“Funcionarios de Recuperación y del Servicio Forestal han notificado a Arizona que está invadiendo tierras federales”, señala la demanda. La denuncia también pide una compensación al gobierno federal para reparar cualquier daño causado en la frontera.
El Departamento de Justicia entabló la demanda en nombre de la Oficina de Recuperación, del Departamento de Agricultura y del Servicio Forestal que supervisa.
El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, declaró desde Washington que el proyecto “no es una barrera efectiva, plantea riesgos de seguridad tanto para el público como para quienes trabajan en la zona y ha dañado considerablemente terrenos públicos”.
“Necesitamos soluciones serias en nuestra frontera, con la contribución de líderes y comunidades locales. Apilar contendedores de carga no es una solución productiva”, aseveró Vilsack.
El representante federal demócrata Raúl M. Grijalva, que representa al sur de Arizona, aplaudió la demanda y se refirió al proyecto como un “muro fronterizo ilegal de chatarra”.
Russ McSpadden, activista del Centro de Diversidad Biológica, dijo que la demanda federal “debe ser el inicio del final de la agresión ilegal de Doug Ducey contra los bosques nacionales protegidos y contra la vida silvestre en peligro de extinción”.
Ducey les escribió a los funcionarios federales después de que se le informara de su intención de presentar la demanda y rechazó sus argumentos de que los contenedores “representan riesgos graves a la seguridad pública y daños al medio ambiente”.
“El principal riesgo para la seguridad pública y daño al medio ambiente proviene de la falta de medidas por parte del gobierno federal para proteger nuestra frontera”, escribió Ducey, quien añadió que la suspensión de las obras del muro fronterizo de Trump en enero de 2021 dio como resultado “un incremento constante en el número de migrantes que siguen llegando al estado”.
Ducey tomó la decisión de colocar los contenedores ante la llegada de un número sin precedentes de migrantes a través la frontera. Elementos de la Patrulla Fronteriza han hecho 2,38 millones de detenciones de migrantes en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, un incremento de 37% respecto al año anterior. El total anual rebasó los 2 millones por primera vez en agosto y es más del doble del nivel más alto que se registró durante el gobierno de Trump, alcanzado en 2019.
Ducey también rechazó los señalamientos del gobierno federal de que los contenedores interfieren con la capacidad de las agencias federales para llevar a cabo sus deberes oficiales, así como para completar la construcción de infraestructura fronteriza en ciertos lugares.
Aseguró que le entusiasmó el anuncio previo del gobierno del presidente Joe Biden de que cubriría los huecos en el muro, pero eso fue hace un año.
“Arizona no tuvo más opción que atender la crisis en su frontera sur y comenzar a levantar una barrera fronteriza temporal”, escribió el gobernador.
Hobbs ha dicho que piensa que el proyecto es un ardid político, pero no ha decidido qué hará respecto a los contenedores después de que sea investida el 5 de enero.
Ducey demandó a las autoridades federales por su rechazo al muro de contenedores el 21 de octubre, insistiendo en que Arizona tiene la jurisdicción única o compartida sobre la franja de 18 metros (60 pies) en la que se ubican los contenedores y en que tiene el derecho constitucional de proteger a los residentes del “peligro inminente de crisis delictivas y humanitarias”.
Ducey inició con la colocación de contenedores a mediados del año en Yuma, en el oeste de Arizona, un punto de ingreso fronterizo de gran actividad, adonde decenas de solicitantes de asilo llegaban todos los días y encontraban la manera de eludir las nuevas barreras. Los contenedores cubrieron zonas que quedaron abiertas durante la construcción de los 724 kilómetros (450 millas) de muro fronterizo durante el gobierno de Trump. Pero los migrantes no suelen cruzar por el remoto San Rafael Valley, el cual no estaba contemplado en el plan de obras del muro de Trump.
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