Hondureña admite ser líder de organización para traficar con migrantes, según autoridades

Mendoza Mendoza fue acusada de cargos por delitos mayores por su “papel en una organización criminal de gran escala” según documentos judiciales, en enero del 2018. 

Se le acusa de transportar y albergar migrantes ilegales para obtener ganancias personales, conspiración en actividades de lavado de dinero y transportación y albergue de migrantes ilegales.

En diciembre del 2020 se emitió una orden de extradición, pero el arresto de Mendoza Mendoza se llevó a cabo en Honduras hasta febrero del 2023. La sospechosa llegó a los Estados Unidos el 22 de junio convirtiéndose en la primera persona en ser extraditada de Honduras bajo cargos de tráfico de migrantes.

El 23 de junio se presentó por primera ocasión ante un juez de distrito en Tucson, Arizona. En una audiencia el 6 de julio, Mendoza Mendoza se declaró no culpable y el juez concedió la petición para que permaneciera detenida sin derecho a fianza.

Durante una conferencia de prensa después de su extradición, el fiscal de Estados Unidos del Distrito de Arizona, Gary M. Restaino, dijo que varias entidades gubernamentales habían trabajado en conjunto con el gobierno de Honduras para lograr que por primera vez el país centroamericano extraditara a una persona por delitos relacionados con el tráfico de humanos, haciéndolo un acontecimiento importante.

Se han realizado 191 arrestos domésticos e internacionales, que incluye a líderes según el fiscal. De esos arrestos, 86 personas han sido condenas, agregó.

La fiscalía argumenta tener varias pruebas en contra de Mendoza. Entre ellas se encuentran conversaciones telefónicas sobre los migrantes que eran transportados, migrantes detenidos por las autoridades en Estados Unidos, castigos para uno de sus trabajadores, castigo a uno de los migrantes y hasta una muerte de un niño en una de las casas donde alojaban a migrantes.

Las conversaciones

En una de las conversaciones, presuntamente Mendoza habla con uno de sus empleados y está muy molesta porque llevaron a “la gente” a un rancho donde ella dice no fueron las órdenes que ella dio.

Debido a que “Toño” desobedeció sus órdenes, ella le dice a la persona con la que habló que va a haber un castigo para “Toño”.

“Va a pagar Toño, mil dólares solamente por eso, un castigo”, dice en parte la transcripción de esa conversación telefónica.

En esa supuesta misma conversación, tocan el tema de una persecución de un carro cerca del casino de Tucson.

La fiscalía dijo en una rueda de prensa que la típica ruta era por el Valle de Altar, pasando por la Reserva Tohono Othom y por diferentes rutas se dirigían al área de Phoenix.

En otra de las conversaciones con las que cuenta la fiscalía como evidencia, se habla de un hombre que no había pagado.

“Sí, ese p%&*[palabra altisonante] no quiere depositar. Ese p%&*[palabra altisonante] no, no, no va a depositar tampoco. Yo lo que estoy haciendo, mandándoles a tirar a desierto devuelta”, dijo presuntamente Mendoza en la conversación telefónica.

Durante otra presunta conversación telefónica con la que cuenta la parte acusatoria, se tocó el tema de en una casa donde habían albergado migrantes en Phoenix hubo una balacera y un niño murió.

Pagos

Dentro de la evidencia con la que las autoridades dicen que cuentan, también se encuentra un historial de lo que parecen ser pagos. Hay nombres de personas, cantidades, parecen ser los estados a donde se dirigen en Estados Unidos y otros nombres, que es donde aparece el nombre de “Güera”.

El fiscal Restaino dijo en la rueda de prensa que Mendoza ha traído a los Estados Unidos a cientos de migrantes indocumentados, entre 5-6 diariamente cobrando entre $3,000 y $4,000 por persona.

A Mendoza se le acusa de tener cuentas embudo, el fiscal también mencionó en la rueda de prensa que en esas cuentas se depositaba de todo el país y el dinero era retirado mayormente en el área de Phoenix.

En la demanda presentada en enero del 2018, también aparecen otras 26 personas además de Maria Mendoza Mendoza. 

Dicha demanda hace mención sobre propiedades confiscadas, entre las cuales aparece una camioneta Ford Expedition del año 2010, dinero en efectivo y cinco propiedades, cuatro en Georgia y una en Arizona.

Las cuatro propiedades confiscadas en Georgia se encontraban entre si a 10 y 20 minutos de distancia entre ellas y fueron adquiridas en el 2016. 

Todas estaban en algún momento bajo el nombre de Susana Hernández Castro y/o Sandro Velázquez Días, ambos aparecen en la lista de las personas acusadas junto con Mendoza en el 2018.

La propiedad confiscada en Arizona está en Arlington, un pueblo en el Condado Maricopa al oeste de Buckeye.

Hay una audiencia programada para el 2 de abril para dictaminar sentencia.

Según la fiscalía, una convicción por conspiración de trafico ilegal de personas para ganancia personal pudiera resultar en una pena de hasta 10 años en prisión.

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