PHOENIX — El Título 42 llegó a su fin y los alguaciles del condado de Arizona se están preparando.
"Este va a ser un problema continuo", mencionó el miércoles el alguacil del condado Pinal, Mark Lamb.
El miércoles se llevó a cabo una conferencia de prensa en Phoenix con el alguacil Lamb, el alguacil del condado Maricopa, Paul Penzone, y el alguacil del condado Yavapai, David Rhodes.
Cada uno discutió sus preocupaciones sobre la afluencia masiva de migrantes que se espera ingresen a través de la frontera entre Arizona y México en las próximas semanas.
"Todos los alguaciles están de acuerdo unánimemente, tenemos que asegurar la frontera", aseveró el alguacil Rhodes.
“Afecta negativamente nuestra capacidad de brindar seguridad pública a nuestra comunidad”, dijo el alguacil Penzone.
La discusión se centró en cómo los departamentos del alguacil en Arizona están pidiendo al gobierno federal que asuma la responsabilidad y realice cambios en las leyes de inmigración.
“Estamos tratando de responsabilizar al gobierno federal por un trabajo que es suyo”, dijo Lamb.
Lamb dijo que hay informes de que los migrantes serán transportados desde la frontera y dejados en todo el estado. Anticipa que se tendrán que implementar recursos adicionales en su departamento para manejar una cantidad de personas.
"Vamos a ver muchas más llamadas de búsqueda y rescate en el desierto", dijo Lamb.
"Esto está teniendo un tremendo impacto en nosotros, en nuestros presupuestos, en nuestros recursos, en nuestra mano de obra".
El alguacil Penzone estuvo de acuerdo. Agregó que está considerando emprender acciones legales contra el gobierno federal si no se les compensa por esos recursos adicionales.
"Planeo hablar con el fiscal general y ver si hay alguna manera de que podamos enviar una demanda", dijo Penzone.
Penzone mencionó durante la rueda de prensa que la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa está bajo dos órdenes judiciales federales que impiden que los agentes hagan cumplir la ley de inmigración o que pregunten a alguien sobre su estado en el país.
Sin embargo, Penzone dejó en claro que seguirán haciendo cumplir las leyes estatales.
"El estado de derecho se aplicará en Arizona a todos por igual", dijo Penzone.
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