ARIZONA, USA — El gobernador de Arizona, Doug Ducey, ofrecerá hasta $163 millones en fondos a todas las escuelas que se apeguen a las leyes estatales y permanezcan abiertas para clases presenciales, anunció la administración el martes.
Los fondos multimillonarios, ayuda federal del Plan de Rescate Americano, se distribuirán por medio del programa Education Plus Up Grant para escuelas de distrito y semiprivadas (charter) que se apeguen a las leyes estatales, tales como la ley que prohíbe a las escuelas publicas que impongan mandato de mascarilla o vacunación tanto para los estudiantes como para sus empleados.
La ley entrara en vigor el 29 de septiembre y Ducey firmó el presupuesto estatal desde junio.
Escuelas elegibles necesitan permanecer abiertas a partir del 27 de agosto y por el resto del ciclo escolar para poder recibir los fondos.
“Las recomendaciones de seguridad son bienvenidas y fomentadas, mandatos que pongan más estrés en los estudiantes y sus familias, no lo son”, dijo Ducey por medio de un comunicado. “Esta ayuda reconoce los esfuerzos que las escuelas y educadores están haciendo al seguir las leyes estatales y mantener sus aulas abiertas para los estudiantes de Arizona”.
Cada escuela K-12 y escuela charter tendrán la oportunidad de recibir $1,800 por estudiantes en fondos si se apegan a la ley estatal.
El aumento en fondos educativos por parte del estado llega tan solo un día después de que un juez del Condado Maricopa fallara a favor del Distrito Escolar Phoenix Union High School para que mantuvieran su mandato de mascarilla en vigor, al menos hasta el 29 de septiembre.
El fallo llegó durante una demanda entre el distrito y Douglas Hester, maestro de biología de Metro Tech, con una petición de orden de restricción temporal. La demanda se trataba de que el distrito impuso mandato de cubiertas faciales después de que la prohibición de esos mandatos fuera firmada como ley estatal.
Varios grupos de escuelas, incluyendo dos miembros del consejo de PXU, también están demandando al estado. Sus argumentos en la demanda es que la prohibición de mandatos de mascarillas desautoriza los derechos de los niños de la escuela y que el hecho de que el estado la haya pasado es ilegal.
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