TUCSON, Ariz. — El Procurador General de Arizona, Mark Brnvich, anunció el martes que la ciudad de Tucson necesita anular su mandato para que los empleados de la ciudad se vacunen debido a que el requisito viola la ley estatal.
Regina Romero, la alcaldesa de Tucson, anunció el mandato en agosto, requiriendo que los empleados públicos mostraran prueba de que habían recibido al menos una dosis de la vacuna para el 24 de agosto o de lo contrario, podrían ser suspendidos sin goce a sueldo por cinco días.
Brnvich dijo que el mandato de Tucson también entra en conflicto directo con la orden ejecutiva del gobernador en contra de mandatos de la vacuna y los cubrebocas. El estado ordena a Tucson que anule o modifique la norma para cumplir con la ley estatal o podría “perder millones de dólares en fondos estatales”.
“El mandato de la vacuna de Tucson es ilegal y la ciudad podría ser responsable por intentar forzar a los empleados a que se vacunen en contra de sus creencias”, dijo Brnovich por medio de un comunicado de prensa. “Las vacunas del COVID-19 deberían ser opcionales, no un mandato gubernamental”.
El estado determinó que la ciudad de Tucson abusó de un vacío legal en la orden del gobernador que demorará que la ley entre en vigor, fecha programada para el 29 de septiembre del 2021.
La segunda ciudad más grande de Arizona emplea directamente a más de 2,200 personas, según el sitio web de Zippia.
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