PHOENIX — Los legisladores republicanos quieren que los votantes de Arizona den luz verde a una nueva ofensiva en contra de los inmigrantes indocumentados.
La nueva propuesta, HCR 2060, podría dificultar que las personas indocumentadas encuentren trabajo o reciban beneficios de los gobiernos de ciudades y condados.
"Nuestro mensaje a los inmigrantes ilegales es simple", mencionó el lunes el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Ben Toma, en una conferencia de prensa.
"Si quieres aprovecharte de los estadounidenses, ve a otro lugar".
La petición de Toma sería:
-Requerir que los pueblos, ciudades y condados verifiquen el estado migratorio del destinatario antes de emitir beneficios como asistencia pública o licencias comerciales. Una ley estatal que data del 2007 ya exige que las empresas utilicen el sistema federal E-Verify para verificar el estado migratorio de los solicitantes de empleo.
-Ampliar la ley E-Verify al exigir a los empleadores que verifiquen el estatus migratorio de los contratistas y subcontratistas, una expansión de la ley actual. Esto podría causar dolores de cabeza a los constructores de viviendas de Arizona, que históricamente han dependido de subcontratistas.
Los empleadores que violen la ley podrían recibir una multa de hasta 10,000 dólares.
Spencer Kamps, vicepresidente de asuntos legislativos de la Asociación de Constructores de Viviendas de Arizona Central, escribió por correo electrónico: "Estamos investigando la legislación y no tenemos ningún comentario en este momento".
Un portavoz del condado Maricopa, el condado más grande del estado, declinó hacer comentarios.
Un comité de la Cámara avanzó la resolución al pleno de la Cámara el lunes en una votación partidaria.
La resolución de Toma tendría que ser remitida a la votación de noviembre por la Legislatura controlada por los republicanos.
La gobernadora demócrata Katie Hobbs no puede vetarla.
"Ella vetará esto", dijo el representante estatal Marcelino Quiñónez de Phoenix. "Así que están tratando de pasar por alto a la gobernadora, y esa no es la función de esta institución".
Si los nuevos controles de estatus migratorio fueran aprobados por los votantes en noviembre, entrarían en vigor en cinco años.
"Esto es lo que les importa a los votantes en este momento", dijo Toma. "Es por eso que lo estamos abordando".
Toma es candidato en las concurridas primarias republicanas del Congreso en el Octavo Distrito del oeste del valle.
Respondió a regañadientes una pregunta sobre el rechazo de los republicanos del Congreso a un acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza. "Hay problemas con el proyecto de ley. Dejémoslo así", comentó.
Aproximadamente dos horas después de que terminara la conferencia de prensa, la campaña de Toma en el Congreso envió un correo electrónico para recaudar fondos afirmando: "Acabo de presentar una de las leyes antiinmigración ilegal más estrictas jamás escritas en la Legislatura del Estado de Arizona".
La propuesta de Toma, en medio de un aumento récord en los encuentros de inmigrantes en la frontera suroeste, está reabriendo un capítulo turbulento en la historia de Arizona.
Una serie de leyes antiinmigración a principios de la década del 2000 fue coronada por la ley de inmigración más estricta de los últimos tiempos, la SB 1070, firmada por la gobernadora republicana Jan Brewer en el 2010.
"Fue simplemente un retroceso a los días de la SB 1070 días, cuando era un estudiante universitario", dijo José Patiño, ahora vicepresidente de Aliento, que aboga por los jóvenes inmigrantes y beneficiarios de DACA.
Patiño dijo que este momento fue diferente, ya que se produjo después de una pandemia en la que los inmigrantes indocumentados demostraron su valía.
"Las personas que eran trabajadores esenciales eran inmigrantes indocumentados y fueron aplaudidos", dijo Patiño. "Pero tan pronto como salimos de allí, son descartados con este asunto", afirmó.
Una ley de Arizona del 2007 exige que los empleadores utilicen E-Verify para verificar el estado migratorio de los nuevos empleados.
La ley fue confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos en el 2011. Un año después, el mismo tribunal anuló en gran medida la SB 1070.
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